Yo sólo se, que no se nada

A principio de  abril la sociológa Luisa Landerreche, envió un decreto al Concejo Deliberante respecto al aumento de tarifa, solicitando su intervención, gestión ante organismos competentes de la provincia de lo que sería una estafa al pueblo, por  impuestos cobrados durante más de quince años para obras que nunca se hicieron ni se harán. 

La respuesta del HCD fue que no era de su competencia.El Concejo Deliberante, legisla en función de dar soluciones a su gente que los votó y los puso en el cargo. Esta vez le fallaron al pueblo.

Enterada la señora Landerreche de lo acontecido, envía esta correspondencia para hacerla pública y aclarando el caso, por si hacía falta:

El día 6 de abril presenté en el Honorable Concejo Deliberante de Pinamar  un proyecto de decreto  para que el Concejo, a través de su presidente, realice gestiones ante el Gobierno Provincial respecto al tarifazo que se ha realizado, a través de la resolución 22 del Ministerio de Infraestructura, como si nuestra factura por energía eléctrica hubiese estado congelada, tal como ocurrió en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.  Para demostrar esas diferencias, adjunté copia de facturas de Pinamar y de CABA, que por un consumo cercano a 350 kw. aproximadamente. En Pinamar se pagaba 370 pesos y en Buenos Aires 65 pesos. Esto es así porque entre el 2006 y 2016 lo que se paga de luz en Pinamar aumentó aproximadamente 700%. Es decir, nunca en Pinamar las tarifas estuvieron congeladas.

 Pasado 20 días y sin noticias, y sin poder comunicarme con el Concejo, y ya distribuidas las facturas con los nuevos valores, siento que el Concejo ha perdido una oportunidad de representar al pueblo de Pinamar en una situación de indefensión, pues no hay manera de protestar frente a tal abuso. Este abuso ocurre por un “estado de desinformación”, en el que incurre el gobierno provincial por su particular sistema de comunicación con la sociedad. (No alcanzan las grabaciones telefónicas informando sobre medidas sociales).

 El proyecto de decreto fue acompañado de un análisis histórico de las tarifas, en donde se analizan los impuestos provinciales, algunos ilegales, otros irregulares, que se agregan a la tarifa del kw. También se analizaron las nuevas tarifas y la diferencia en menos de la zona de La Plata y alrededores, sin que se conozca el por qué de ese beneficio, tendiendo a mantener la diferencia que hoy existe entre Interior y Capital provincial.

Visto el “No sabe-no contesta” del Concejo, intento explicar la situación, que me hubiese gustado haber realizado en forma personal. Demás está decir que el proyecto que adjunté al análisis de las tarifas era un punto de partida para que el Concejo se abocara al asunto, pudiendo ser modificado en todos o algunos de sus puntos. Por ello, a través de la presente nota quiero precisar  mínimamente mis antecedentes personales y los del caso que presenté.

Respecto a mis antecedentes, debo decir que soy Magister Scientiarum en Administración Pública de la UBA, ex funcionaria del Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires (1984-1992), profesora adjunta, dedicación semi exclusiva en la Universidad de Mar del Plata, en donde me desempeñé como “responsable académica” de los cursos de “Curso de capacitación en servicio para funcionarios municipales” y “Ley Orgánica de los Municipios”, entre 1994 y 1997. Secretaria de bloque en el HCD Pinamar año 2003.

Respecto a la presentación, tiene como antecedente el Decreto 954/98 del Concejo Deliberante de Pinamar, en donde se faculta al Presidente del Concejo Deliberante para que realice gestiones frente al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para solicitar información respecto al “Convenio de Anticresis” firmado entre la Cooperativa Unidad Sanitaria de Pinamar (CUSPIN)  y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  Digamos que se repiten los actores sociales: una cooperativa y el gobierno provincial.

Es necesario agregar algunos datos de contexto que no se dan en la presente situación: CUSPIN había recibido el predio de la antigua “Unidad Sanitaria de Pinamar” de manos del gobierno militar de la Provincia de Buenos Aires y había recibido un subsidio de aproximadamente 750.000 dólares para la edificación y equipamiento de la unidad sanitaria. Este subsidio había sido gestionado por el Municipio de Pinamar y transferido a la Cooperativa.  Era evidente que en el contenido del decreto 954/98 estaba implícita esta acreencia. También era evidente que en ese momento no había en el Concejo un conocimiento cabal de lo que se debatía, porque algún concejal seguía diciendo que la edificación del Hospital Comunitario se había realizado con la participación de la ciudadanía juntando papel y botellas. Nunca se publicitó el millonario subsidio.

Planteando entonces que la situación política no tiene nada que ver con el escenario anterior, este proyecto de decreto sólo tenía como finalidad que la ciudadanía tuviera algún modo de representatividad  al ser el Concejo Deliberante el  organismo específico que por ordenanza estableció la concesión del servicio de luz, según lo indica la  Ordenanza Nº 2178/98 (Artículo 1:Concédese la prestación del servicio eléctrico en jurisdicción del Partido de Pinamar a la CALP LTDA. en un todo de acuerdo al Anexo 1 del Decreto Nº 1208/97(Reglamentario) y Ley 11.769 por el plazo establecido en dichas normativas. Artículo 2: Facúltase al Departamento Ejecutivo a suscribir el pertinente convenio determinado en elDecreto Nº 1208/97.)  No ocurría lo mismo en la relación entre Municipio y CUSPIN, pues no había vínculo contractual entre Municipio y  cooperativa.  Por otra parte, el actual proyecto de decreto permitiría al gobierno provincial corregir con distintas medidas, algunas inmediatas, otras que requerían trámites burocráticos o estudios técnicos, el desmadre que se ha producido con las tarifas y que genera mucho malestar social en todo el interior de la Provincia de Buenos Aires.   

Entendiendo que sí es competencia del Concejo Deliberante interceder ante los organismos provinciales en representación de los ciudadanos de Pinamar, que por otra parte no tiene otro modo de relacionarse con los organismos provinciales responsables del tarifazo eléctrico en la zona sur, norte y atlántica de la Provincia de Buenos Aires, es que considero  lamentable la defección de una institución que podía haberse  puesto a la cabeza del problema, sin que ello afecte los distintos intereses políticos de los diferentes sectores representados.

En lo atinente al contenido de las demandas, diré:

1. Ha habido un cambio de tarifa en algunos usuarios del municipio. Algunos usuarios han pasado a tener la tarifa  TS2. Parece ser que la S corresponde a “social”. No obstante, el aumento del “Cargo variable 1” es de aproximadamente un 200%, según el comunicado de la CALP. Parece que las cooperativas recibieron un listado con los usuarios pasibles de tener LA TARIFA SOCIAL que, de social, tiene poco.
2. En las boletas que ahora vienen con TS2 se han suprimido los impuestos ilegales del 10% y 5,5%, supresión contenida en el proyecto de decreto. Es de suponer que en la próxima facturación se suprima en todo el municipio. De lo contrario habrá que ver por qué no. Si continúa, es que nadie avisó al nuevo gobierno que es ilegal.
3.  Respecto a la revisión tarifaria y la propuesta de que intervengan las  Facultades de Ingeniería de las Universidades ubicadas  en la Provincia, no está en disonancia con el anuncio del Ministro de Energía respecto a realizar una revisión integral del régimen tarifario. Por otra parte, en la ley 24065 que establece el Régimen de la Energía Eléctrica, en el Art. 41 y siguientes establece la renovación cada cinco años de las tarifas eléctricas, que deben someterse a audiencia pública. También el ex diputado (m.c.) Polino   propuso llamar a concurso de antecedentes y oposición para tal tarea, de modo que sus integrantes sean personas idóneas e independientes de las empresas y de los gobiernos de turno.
4. El pedido de la derogación de la resolución 34/15 significa simplemente ponerse en el lugar del usuario y solicitar por medio de un trámite administrativo suprimir un monto  que se superpone al tarifazo. Lo mismo ocurre con dividir la variable 3 (401-800) en dos subcategorías.

Sería extenso aludir a los periódicos on line regionales que se han abocado al tarifazo, dando información sobre participación de ciudadanos, de concejos deliberantes y municipios ante el gobierno provincial o entes reguladores para suspender el  tarifazo. En algún lugar de la provincia  la misma cooperativa proveedora de luz ha eliminado motu proprio las cuotas de capital.  Como ejemplos vale lo siguiente: encontramos que el Departamento Ejecutivo del Municipio de Tandil se reunión con pymes por el efecto del tarifazo, y el título de la nota de la página web refleja su intervención: “El Ejecutivo evaluará la situación por empresa y gestionará para mitigar el tarifazo”. En La Capital de Mar del Plata dice “Las boletas de luz ya llegaron con subas de más del 100% y hay preocupación en muchos sectores”. En el interior se juntan firmas para reclamar ante el Defensor del Pueblo. Los que juntan firmas son del Frente para la Victoria.  En Pergamino, PARTIDO OBRERO ON LINE propone: “Pergamino: asamblea popular y pueblada contra el tarifazo”. Infonoroeste, también de Pergamino informa que “En Pergamino habrá reclamo vecinal por el tarifazo eléctrico”. El municipio de Bragado a través de la oficina del defensa del consumidor dio a conocer un comunicado, en el que se detallan los requisitos para solicitar la tarifa social. Otras repercusiones se encuentran enhttp://infonoroeste.com.ar/nota/15139/tarifazo_electrico_promueven_acciones_locales_para_reducir_impacto). Es indudable que el gobierno provincial no ha evaluado el impacto social y político de semejante  medida. Y como si tuviera pocos problemas en la provincia, se ha generado otro sin que nadie le haya advertido a la Gobernadora. Es evidente que acá también falla el sistema de comunicación, basado en las redes sociales que tiene una modalidad que repite la de la burocracia: de arriba hacia abajo. A la larga, se produce una disociación. No se tiene noción de la realidad, a menos que ésta te golpee. La falta de información, o el desinterés por informarse de quien ejerce el gobierno, redunda en gruesos errores políticos.  Hemos reemplazado el populismo; en donde el relato se construye con la demanda social, al elitismo, en donde el gobierno de los mejores hace subsidiario e irrelevante lo que la sociedad demanda.

En lo que corresponde a los pinamarenses queda de manifiesto que los vecinos de Pinamar no tenemos interlocutor para hacer llegar nuestros reclamos ante la autoridad o ente competente, que no es el concesionario, que sólo aplica lo que la autoridad provincial le manda. El modelo de comunicación centralizado y radial  está vigente. Por ello el que tiene el poder concedente, que no puede resignarse a ser un conjunto de representantes sin idoneidad en el manejo de los temas que se someten a su votación, ha resignado la capacidad que tiene para asumir esa representación.