En los últimos años y con la suma de más responsabilidades, varios municipios avanzaron con tributos locales para la Seguridad: desde tasas propiamente dichas, hasta fondos especiales, contribuciones y adicionales para la Seguridad que aportan recursos, por ejemplo, para el sostenimiento de cámaras o el de móviles policiales.
Una demanda de un vecino de Coronel Pringles, puede generar efectos inesperados, si otros lugareños copian la acción en sus respectivos distritos. Por caso, partidos como Junín y Necochea cobran una Tasa de Seguridad que está incluida en el servicio eléctrico.
Otro caso es el de Cañuelas, que incluyó un adicional para Seguridad Ciudadana en las tasas de Industria, Servicios Generales, Clubes de Campo y Red Vial, e inclusive una suma presente en las boletas de Cablevisión. A su vez, Pinamar, introdujo un tributo para la Seguridad dentro de la Tasa de Servicios Urbanos Municipales (SUM).
Si bien los fallos de la Corte son individuales, produce un alerta porque todo aquel que discuta la tasa y llegue a la Corte puede obtener como respuesta el mismo fallo que contra Pringles, por el cual la tasa no la puede imponer el municipio
Pero las consecuencias pueden ser graves sin llegar a la Justicia. Desde el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires adelantaron que esta sentencia, luego de ser comunicada formalmente por la Corte, será tenida en cuenta al momento de analizar los números de los Municipios.
Si los alcaldes persisten en este camino, estas tasas pueden llegar a ser observadas, e incluso, se puede dar el caso que haya multas y cargos por la aplicación en años anteriores.
Fue fácil para la gobernación provincial sacarse de encima la responsabilidad que con fuerza le compete: hacerse cargo de la seguridad con todo lo que ello implica.
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