Correo / Provinciales

Décimo Informe Anual De La Comisión Provincial Por La Memoria

Derechos Humanos

Ayer presentaron el décimo informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el Senado bonaerense
El informe, denominado “El sistema de la crueldad X”, se dio a conocer en un encuentro que contó con la presencia del vicegobernador bonaerense Daniel Salvador, los presidentes del organismo, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, el secretario Roberto Cipriano García, el secretario de derechos humanos de la provincia, Santiago Cantón, y la directora general de la CPM, Sandra Raggio.
“Es una herramienta fundamental para que las políticas penitenciarias, de seguridad, de niñez y de salud mental en la Provincia puedan ser discutidas”, señaló el presidente de la Cámara Alta, ante un nutrido auditorio.
"Estos informes nos hacen asumir un compromiso mayor desde el gobierno provincial" destacó Salvador y agregó que “nos brindan un panorama real para que el cambio que proponemos también pueda prevenir, evitar y castigar las violaciones a los derechos humanos”.
Tras la presentación de un vídeo en memoria del fallecido Hugo Cañón, tomó la palabra el premio nobel de la paz, Pérez Esquivel, quien aseveró que "la democracia se construye con derechos para todos por igual, hay que eliminar la tortura en los centros de detención".
“El Estado tiene la obligación de ponerle final a la práctica sistemática de la tortura”, añadió.
“Memoria es la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos hoy”, expresó a su turno Sandra Raggio.
Por su parte, Cipriano García, recalcó que “la tortura sistemática en el Sistema Penitenciario fue negada por gestiones anteriores, valoramos que las autoridades de esta gestión la reconozcan".
Para finalizar el encuentro, fue Mendibil quien afirmó que “esperamos que se apruebe el proyecto presentado por Elisa Carca y se designe a la Comisión como mecanismo de prevención de la tortura”.
Estuvieron presentes, además, la vicepresidenta de la CPM, senadora Elisa Carca, quien preside la comisión de DDHH en el Senado bonaerense; el prosecretario de la organización, Padre José Pepe di Paola; su tesorera y protesorera, Susana Méndez y Ana Barleta, vicepresidenta segunda de la UNLP; integrantes del organismo como Víctor de Genaro y Ernesto Alonso; la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Hilda Kogan, y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
En la actividad se encontraban presentes, además, más de 500 referentes territoriales, organismos de Derechos Humanos y diversidad, y familiares de víctimas de violencia institucional.

“El sistema de la crueldad X” en números
De acuerdo a las líneas principales del informe del año 2015, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sufre una sobrepoblación por encima del 60 por ciento de la capacidad estructural de las 56 cárceles y siete alcaidías disponibles en todo el territorio provincial, donde el año pasado se registraron 145 muertes, más de la mitad de ellas evitables.
El organismo indicó que en 2015 se registró un “récord histórico” de 39.927 detenidos, lo que supone una tasa de encarcelamiento de 255 personas cada 100 mil habitantes. De ese total, el 56 por ciento se encuentra detenido con prisión preventiva, es decir, que no pesa sobre ellos una condena firme que determine su culpabilidad.
La CPM da cuenta de la existencia de 145 muertes en cárceles bonaerenses, y detalla que el 65 por ciento de las mismas ocurrieron por cuestiones de salud que pudieron haberse evitado.
Además, denuncia la muerte de dos menores de 18 años en cárceles de jóvenes y da cuenta de 79 fallecimientos evitables en dos hospitales neuropsiquiatricos públicos dependientes de la Provincia de Buenos Aires.
Finalmente, el organismo señaló que solo en 2015 se registraron 18.557 casos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención, de los cuales 12.787 fueron denunciados judicialmente por la CPM.
Uno de los puntos salientes del informe destaca que en dependencias del SPB se registra una sobrepoblación del 59,8 por ciento: en las 20.732 plazas disponibles en las 56 cárceles y siete alcaidías departamentales conviven 34.096 personas.